Considerando las muchas opiniones que expresan hasta gozo por la no aprobación (la desaprobación) el viernes 2 de diciembre del reglamento de la llamada ley Sinde (ley antidescargas ilegales, antipiratería son nombres más adecuados) por parte de tuiteros de referencia (perdonen que no me levante -que se le ocurriría a Groucho Marx para su lápida– y opine solemnemente que tener 100.000 seguidores en Twitter es algo bien distinto a ser el Mesías de cien mil almas ni el empresario de otros tantos trabajadores, tampoco tener en Twitter 100.000 seguidores es ser un grupo musical y haber vendido o que te hayan pirateado cien mil discos).

Que la industria cultural nacional no se haya adaptado a una tecnología que rompe con desgarro las fronteras no es razón para no tenerla en cuenta. ¿El sector que impone tan rápido cambio vela por el Bien Supremo de la Humanidad o tiene también sus interesillos llamémosles, llanamente humanos?

Respetando que efectivamente hay –seguro- opciones más efectivas y brillantes (otra cosa sería la puesta en práctica de las mismas y la premisa irrenunciable que eso corresponde hacerlo a los Gobiernos, buenos o malos, hasta que cambiemos el sistema de gobernarnos, igual que los libios o de forma distinta a ellos), permítanseme estas líneas para volver a reivindicar sin acritud ni ambages el desarrollo de la dichosa ley por parte del Gobierno entrante y refrendarme en el calificativo que un muy prestigioso cineasta, Fernando Trueba –Mejor Película de Animación de la Academia del Cine Europeo 2011, ¿cuántos amigos en Facebook, cuántos seguidores en Twitter?-, ha dedicado al saliente: “cobardes impresentables”.

Perdonen que no me levante y opine que tener 100.000 seguidores en Twitter es algo bien distinto a ser el Mesías de cien mil almas. Permítaseme volver a reivindicar el desarrollo de la ley y refrendarme en el calificativo que un cineasta ha dedicado al gobierno saliente: “cobardes impresentables”.

El próximo viernes 16 hay una última oportunidad de aprobar in extremis el reglamento. Si no fuera así, como apuntan que va a suceder voces cualificadas, la papa caliente, es decir la PC, se la deja el PSOE al PP llegante. Sería una prueba más de la debacle moral y, fundamentalmente, organizacional del partido de los 100 años de honradez –“y cuarenta de vacaciones” que repetiría con sofoco mi abuelo comunista en la década de los ochenta del siglo pasado, la última de su vida-. Quizás, como muchos apuran, se trata para todos las fuerzas políticas de izquierda de aprovechar la debacle como oportunidad para refundarse, aunque para ello haya que pasar por el penoso trance de renunciar a privilegios, vicios adquiridos, prebendas. Superar traumas. A quitarse los muchos enquistes morales e intelectuales de encima. A pensar, siquiera, en asumir con inteligencia la necesidad de que quizás haya que adoptar entre tantas alguna política tradicionalmente ligada al corpus incorrupto de la derecha. ¿No hace la derecha lo mismo pero en sentido contrario? Hacerlo es, a mi juicio, la salida para no quedarnos en manos del capitalismo trasnacional. Del mundo gobernado por las empresas. En esa dirección sopla el viento sobre la Tierra.

Recapitulando, sí al cambio de modelo, sí consensuando los tiempos y plazos. Y sí con una ley (y un reglamento) que le diga a la ciudadanía que por encima de la tecnología existe un derecho establecido sobre un compromiso social que para anularlo primero procede cambiarlo.

Abrí este blog escribiendo que la mera formulación de la ley era una victoria del hombre sobre la jungla, poner puntos sobre las íes, y que ya solo por eso merecía la pena. A sabiendas de que la jungla en relación a los contenidos audiovisuales muchos consumidores la entienden como el paraíso para ellos por la siguiente mera certeza insuperable: “Me sale gratis”. Entiendo –quizás me equivoque- que ese no puede ser el razonamiento que hace avanzar las sociedades. No ha sido el razonamiento que me haya hecho avanzar ni a mí mismo ni a todas las personas que conozco a mi alrededor, sin excepción. Tampoco a los propietarios de las webs de descarga ni las operadoras. Nadie que aplaude las descargas gratuitas aplaudiría que le robaran el producto de su trabajo, sea presidente de una corporación, frutero, deportista, panadero, actriz o portero de discoteca. Por eso la ley, al margen de su aplicación más o menos exitosa (sobre eso hay teorías que seguirán siendo solo eso hasta que se ponga en marcha), separa con voz alta lo que está bien de lo que está mal en base a nuestra tradición y ordenamiento jurídicos. En base al modelo existente. Hay que recordar que hasta los debates iniciales que la propiciaron, la piratería no sólo se practicaba con fruición y descaro, sino además estaba socialmente muy bien vista. En el país de los pícaros, en el país de la crisis, el pirata era el machito, el espabilao, el líder de la manada. Ya no es así.

Refundar las fuerzas políticas de izquierda, renunciar a privilegios, vicios adquiridos, prebendas, quitarse enquistes morales e intelectuales de encima es la salida para no quedarnos en manos de un mundo gobernado por las empresas.

Que la industria cultural (nacional) no se haya adaptado a la velocidad del rayo a una tecnología extranjera que rompe con desgarro las fronteras no es razón para no tenerla en cuenta; podemos pensar lo mismo de los gobiernos nacionales, diputaciones, cabildos o ayuntamientos. Son lentos como tortugas respecto a la realidad. También los tribunales van con insoportable retraso respecto al avance social; lo vemos día a día y ahí los tenemos y respetamos. Nos aguantamos. ¿Es necesariamente la capacidad tecnológica lo que debe ordenar el modus vivendi? ¿Es imprescindible que ese modus desarrollandi cambie al ritmo que la capacidad tecnológica ordena, es decir, de hoy para ayer en los tiempos que corren? ¿El sector que impone tan rápido cambio vela por el Bien Supremo de la Humanidad o tiene también sus interesillos llamémosles, meramente humanos?

A pesar de que desde el lado de los que se proclaman “representantes de los internautas” se hayan destacado los insultos provenientes del otro extremo de la fuerza no es menos cierto que el territorio Internet si es rey de algo, también lo es del insulto, el exabrupto, muchas veces feroz, anónimo, cobarde.

No me siento capaz de responder a todo, pero sí de olfatear algunas respuestas. Para mirar alrededor y ver si el efecto del cambio es de verdad beneficioso para alguien, y en tal caso, para quién. De la ley antidescargas, con y sin reglamento, pienso que es aún poco valiente (o generosa) por no penalizar al consumidor como han hecho en otros países/civilizaciones más avanzados/as que el nuestro, entre otros/as en aquel de donde viene la tecnología. El miedo a la multa, como pasa al volante, evita que descarrilen muchos coches llevándose por delante -eso es lo peor- peatones inocentes. También que el futuro pasa de forma evidente por una evolución consensuada del sector de la industria cultural, como piden algunos tuiteros con muchos seguidores, pero no necesariamente al ritmo que éstos piden. Porque los actores del modelo existente no están obligados a ser tan inteligentes ni ágiles como popes e internautas; ellos no son nada más -y nada menos- que los dueños de los resultados que hacen existir y moverse al modelo. Así que el ritmo debe ser también consensuado. Con plazos necesariamente, pero plazos consensuados. Por otro lado, no creo que sea hilar fino demonizar a todo un sector por los cables de Wikileaks que hablaban de presiones de multinacionales USA sobre los legisladores españoles. Pertenezco al sector y no soy multinacional. Esas presiones las entiendo, pero no son parte de mi mundo. No me creo que González-Sinde sea la Johnny Terrori del capitalismo multinacional.

Hay que recordar que hasta los debates iniciales la piratería se practicaba con fruición y descaro. En el país de los pícaros, en el país de la crisis, el pirata era el machito, el espabilao, el líder de la manada. Ya no es así.

«Nosotros intentamos luchar contra la piratería con un nuevo modelo de negocio y no con una ley. Nuestro modelo intenta ser mucho más sencillo que piratear un libro y a un precio asequible. Si a un usuario se lo pones fácil va acudir a plataformas legales». Las palabras de Aitor Grandes, responsable de 24symbols, plataforma para leer libros digitales en Internet, en el especial de El País a propósito del tema, son de las más sensatas que he oído, aunque hay que aclarar que no estamos ante ningún editor de libros en papel, a alguien con currículo reconocido en la materia. Insultos y descalificaciones haberlos, hahabídolos desde ambas partes. A pesar de que desde el lado de los que se autoproclaman (falsedad) “representantes de los internautas” se hayan destacado los insultos provenientes del otro extremo de la fuerza (“ganapanes” y “cuatro tuiteros” se les vino a malllamar de forma despectiva) no es menos cierto que el territorio Internet si es rey de algo -que lo es de muchas cosas- también lo es del insulto, el exabrupto, muchas veces feroz, anónimo, cobarde. Si es cierto es que la palabra clave de la red es esta que ha dado pie (involuntario) a la polémica actual: compartir, no lo es menos que otra debería igualarla en importancia: respetar.

De la ley antidescargas pienso que es aún poco valiente (o generosa) por no penalizar al consumidor como han hecho en otros países/civilizaciones más avanzados/as que el nuestro. El miedo a la multa, como pasa al volante, evita que descarrilen muchos coches llevándose por delante -eso es lo peor- peatones inocentes.

Recapitulando, sí al cambio de modelo, sí consensuando los tiempos y plazos. Y sí con una ley (y un reglamento) que le diga a la ciudadanía que por encima de la tecnología ¿y acaso, intereses igualmente innombrables e igualmente transnacionales? existe un derecho establecido sobre un compromiso social que para anularlo primero procede cambiarlo. Y procede exigir cambiarlo. Pero es inadmisible decidir de forma unilateral su derogación espontánea con el argumento de que una tecnología inocente así nos lo ha impuesto.