Carlos Fernández Esquer es Graduado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Su trabajo de Fin de Grado lo realizó sobre el sistema electoral de Canarias, “el más extravagante de los sistemas en España, tanto por los elementos que lo componen, como por los efectos que produce.” En la actualidad es estudiante del Máster en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con sede en Madrid. Esta entrevista se publicó el domingo 14 de septiembre de 2014 en las páginas centrales del suplemento dominical del periódico La Provincia.

“Canarias posee el sistema electoral que produce una mayor desigualdad en el valor del voto de los ciudadanos entre 64 países estudiados.” Sería lo mismo que decir de los peores del mundo. En el penúltimo lugar, mejor situada que Canarias, se encuentra Tanzania. El pasado mes de julio Carlos Fernández Esquer (Madrid, 1991) recibió matrícula de honor por su trabajo de Fin de Grado, titulado «El extravagante sistema electoral canario«. Su tutor fue José Ramón Montero, catedrático en Ciencia Política por la UAM, uno de los más prestigiosos expertos españoles en sistemas electorales y autor de algunas de las principales propuestas para reformar el sistema electoral del Congreso de los Diputados. Fernández Esquer contactó a principio de julio pasado con la Plataforma Cívica Demócratas para el Cambio, que desde hace siete años lidera en las Islas la lucha por la reforma de su sistema electoral. “Aprovecho para solidarizarme con su noble causa. Les deseo la mejor de las suertes y espero que algún día la presión de la sociedad civil y opinión pública canarias sea tan fuerte que a los partidos políticos no les quede otra opción que reformar el sistema electoral. No conozco de primera mano el clima político en Canarias al respecto, pero da la impresión de que la ciudadanía está cada vez más concienciada de la necesidad de la reforma. Van por el buen camino.”

«El sistema electoral canario es atípico, sesgado, desigualitario y produce un importante menoscabo en el pluralismo político.»

¿Es importante el número de estudios sobre sistemas electorales en España?

Los hay, sí, pero la mayoría de ellos aborda en exclusiva el que se emplea en las elecciones generales para el Congreso de los Diputados y sus posibles reformas. Es normal, porque este sistema es el que más afecta al conjunto de ciudadanos españoles. Echo en falta sin embargo más trabajos dedicados a los sistemas autonómicos, pues muchos de ellos presentan rasgos diferenciales. Quizás poca gente sepa que el sistema electoral en Castilla La Mancha se ha reformado tres veces en los últimos cinco años (la última de ellas este mismo verano habiéndose tildado por muchos de pucherazo). El caso canario es un buen ejemplo de cómo la falta de atención del mundo académico ha supuesto que pase prácticamente inadvertido un sistema electoral profundamente injusto y desigualitario.

El suyo quizás sea el primer trabajo sobre el sistema electoral canario realizado por un autor sin relación con las Islas.

Que yo conozca, los únicos que se habían centrado exclusivamente en este sistema electoral hasta ahora llevan la firma de académicos canarios. Ahora bien, existen otros trabajos en el campo de la ciencia política que hacen referencia a este sistema junto a otros sistemas autonómicos, así como en la disciplina del Derecho constitucional, especialmente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 225/1998 que declaró conforme a la Constitución española la reforma que elevó los umbrales electorales al seis por ciento a nivel autonómico y a treinta por ciento a nivel insular.

¿Cómo valoraría el sistema electoral canario en una frase?

El sistema electoral canario es atípico, porque algunos de sus elementos son poco convencionales en el marco comparado; sesgado, porque trata de forma beneficiosa a algunos partidos, mientras que penaliza a otros; desigualitario, porque hace que el valor del voto de los ciudadanos canarios fluctúe tremendamente en función de la isla a la que pertenezcan; y, finalmente, produce un importante menoscabo en el pluralismo político, porque está diseñado de tal forma que desincentiva la creación de nuevos partidos políticos y conduce a que algunos electores recurran al llamado “voto útil” por miedo a desperdiciar su papeleta.

¿Qué es lo mejor y lo peor de este sistema?

De todos los defectos de los que adolece –que son unos cuantos- el más grave de todos es, a mi juicio, la desigualdad que produce en el valor del voto.

«El treinta y tres por ciento de los escaños que se distribuyen entre las distintas Islas están mal repartidos.»

¿Qué supone esto en términos prácticos?

Que cuando los canarios acuden a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento, todos ellos tienen, obviamente, derecho a introducir una sola papeleta. Sin embargo, el valor de dicha papeleta no es igual en todas las islas. Por ejemplo, el voto de un herreño vale trece veces más que el de un ciudadano grancanario o tinerfeño, es decir, es como si el habitante de El Hierro, por el hecho de serlo, pudiera introducir trece papeletas en la urna.

Dice que uno de los principales problemas del sistema canario es la extrema desigualdad en el valor del voto. Dispone de estudios que lo sitúan en la última posición entre más de sesenta países. 

Efectivamente, existe un artículo de 2001, escrito por los politólogos David Samuels y Richard Snyder, en el que los autores comparan las diferencias entre el valor del voto existentes en las cámaras bajas de sesenta y cuatro países de todo el mundo. Para ello, los autores miden el grado de ‘malapportionment’ en cada uno de los países, esto es, la discrepancia entre el porcentaje de escaños que corresponden a una circunscripción respecto al total del Parlamento y su porcentaje de habitantes respecto del total de la población. Pues bien, comparado con los sistemas electorales de los países que aparecen en el estudio, el canario posee el grado de ‘malapportionment’ más elevado (0,33), bastante por encima de los países con niveles más altos, que son Tanzania (0,26), Corea del Sur (0,21) y Ecuador (0,20). Esto significa que el treinta y tres por ciento de los escaños que se distribuyen entre las distintas Islas están mal repartidos, si se entiende que éstos deben adecuarse al porcentaje de población que vive en cada isla. En el extremo opuesto se encontrarían países como Holanda e Israel que no tienen ‘malapportioment’ porque su sistema electoral prevé que sólo haya una circunscripción nacional y, por consiguiente, el valor del voto de los ciudadanos es exactamente igual en cualquier parte del territorio.

¿Qué lectura ofrece estos datos?

Una muy sencilla. Canarias posee el sistema electoral que produce una mayor desigualdad en el valor del voto de los ciudadanos. Tiene el dudoso honor de situarse a la cabeza de la clasificación de los sistemas electorales con mayor nivel de ‘malapportionment’.

«En 2007 se “tiraron a la basura” 150.000 votos de un total de 930.000. Y 120.000 votos emitidos en las islas no capitalinas eligieron la mitad del Parlamento.»

En la calle hay la sensación de que unos partidos que se benefician más que otros de este sistema. ¿Qué nos puede decir?

Desde las elecciones de 1995 el sistema de partidos en Canarias se caracteriza por la presencia de tres fuerzas políticas relevantes (CC, PSOE, PP) con un peso electoral similar. Sin embargo, el sistema no se ha comportado de igual manera con los tres partidos. Mientras que las dos primeras formaciones han sido sobrerrepresentadas sistemáticamente por el sistema electoral, el PP sólo ha sido ligeramente beneficiado en las dos últimas elecciones. Con todo, los principales beneficiados de este sistema son los pequeños partidos con implantación en una de las islas periféricas. El ejemplo paradigmático es el de la Agrupación Herreña Independiente, que en las últimas elecciones obtuvo un escaño con apenas dos mil votos, esto es, obtuvo un porcentaje de escaños siete veces superior al que le correspondería en un sistema perfectamente proporcional.

¿Y los perjudicados?

Los principales perjudicados son los partidos cuyo voto se encuentra diseminado por todas las islas, pero cuyo apoyo es algo inferior al de los tres partidos mayoritarios. Esto es lo que le ocurre a Nueva Canarias, partido que en 2007 no obtuvo representación por tener un 5,43 por ciento del voto (se quedó a las puertas del umbral del seis por ciento autonómico necesario para entrar al reparto de escaños); y que en 2011, pese a llegar al nueve por ciento de los votos, sólo obtuvo tres escaños, la mitad de los que le hubieran correspondido en un sistema perfectamente proporcional.

El Tribunal Constitucional dio por legales las barreras electorales del treinta por ciento insular y seis por ciento autonómico en 1996, ¿significa eso que son conformes a las buenas prácticas en democracia?

En estas cuestiones es necesario separar el plano jurídico del político. En 1996 el Tribunal Constitucional resolvió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra la modificación del Estatuto de Autonomía por la cual se elevaban esas barreras. En su sentencia dijo que las cuantías de estas no eran desproporcionadas y que, por tanto, eran conformes a la Constitución española. A raíz de la sentencia, importantes catedráticos de Derecho constitucional han publicado artículos criticando duramente esta decisión del Alto Tribunal. Es más, he llegado a leer de algún autor que en su opinión es una de las peores sentencias que se le recuerdan al Tribunal.

«Las barreras electorales suponen un ataque frontal al pluralismo político, desincentivan la creación de nuevas formaciones políticas y fomentan el “voto útil” y la abstención.»

Usted considera que, a pesar de la obligación de acatar esa sentencia, hay argumentos jurídicos suficientemente robustos como para sostener la inconstitucionalidad de estos umbrales electorales.

Que un Tribunal considere que un aspecto de una ley no contraviene la Constitución no convierte automáticamente a esta ley en buena o deseable desde un punto de vista político o social. La función de las barreras electorales es simplificar el número de formaciones que consiguen entrar en un Parlamento para evitar la excesiva fragmentación que dificulta la formación de mayorías y la gobernabilidad. No obstante, los efectos del doble umbral del sistema canario son mucho más intensos de lo que puede parecer a primera vista. En primer lugar, ninguna barrera en España supera el cinco por ciento de los votos, mientras que en Canarias las dos superan este porcentaje. Esto ha supuesto que en 2007, por ejemplo, se “tiraran a la basura” 150.000 votos de un total de 930.000. Curiosamente, en esas mismas elecciones, con 120.000 votos emitidos en las islas periféricas se eligió a la mitad del Parlamento. También ha supuesto que un partido obtenga un diputado con menos de dos mil votos y hasta once partidos, pese a obtener más votos -uno de ellos con 46.000 sufragios-, no consigan representación. Esas barreras suponen un ataque frontal al pluralismo político, pues desincentivan la creación de nuevas formaciones políticas que tienen muy difícil obtener representación dados los altos porcentajes exigidos para entrar al Parlamento y, además, fomentan el “voto útil” y la abstención entre los ciudadanos que no quieren desechar su voto en un partido que no tiene opciones de conseguir representación.

En Canarias se da además el caso de que una isla tenga más población y menos diputados que otra, me refiero a la relación entre Fuerteventura y La Palma.

En efecto, desde 2007 la circunscripción de Fuerteventura ha superado en población a la de La Palma y, pese a ello, a aquélla le corresponde un diputado menos. Aunque también se debe decir que el número de personas con derecho al voto era superior en La Palma que en Fuerteventura, debido al alto porcentaje de población extranjera de esta isla. El hecho de que no exista un mecanismo corrector que adapte los escaños a la realidad demográfica de las circunscripciones (como es habitual en el Derecho a nivel autonómico) se debe a que no se ha aprobado en Canarias una Ley electoral que permita actualizar el reparto de escaños entre islas. Seguimos, por tanto, con la distribución que se hizo a principios de los años ochenta.

¿Podría esto llegar a ser causa de inconstitucionalidad?

Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, este reparto de escaños puede llegar a ser inconstitucional si se cumplen estas dos condiciones, que la diferencia de población entre circunscripciones sea significativa y que no exista una justificación razonable para esa distribución de escaños. Respecto al primer punto, la diferencia de habitantes entre las dos islas en las últimas elecciones llegaba casi a veinte mil y va en aumento. Respecto al segundo, no parece que exista un motivo convincente por el que La Palma con menos habitantes tenga que tener más representantes que Fuerteventura. Es más, en un auto de 2008 en relación con el sistema electoral de Castilla La Mancha, el Tribunal afirmó que en estas situaciones la pasividad del legislador autonómico para corregir estas distorsiones puede llegar a desencadenar la inconstitucionalidad sobrevenida de la norma que establezca esa distribución de escaños. En definitiva, sí existen argumentos sólidos para sostener la inconstitucionalidad del reparto de escaños en Canarias, debido al fuerte aumento poblacional experimentado por Fuerteventura en los últimos años.

Sin embargo, un reciente informe de catedráticos universitarios de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria afirma que el canario es buen sistema electoral.

El informe no se pronuncia sobre si el sistema es bueno o deja de serlo. Lo cual, con los perversos efectos que produce, ya supone una omisión flagrante. Lo que hace es indicar a Coalición Canaria -debe subrayarse que fue su grupo parlamentario el que lo encargó- que lo que más le conviene es mantener intacto el sistema actual.

¿Le sorprende esta conclusión?

Debo decir que no, ya que desde este partido se presentó por primera vez en las elecciones autonómicas de 1995, el sistema electoral lo ha sobrerrepresentado en el Parlamento. Por ejemplo, en las últimas elecciones, celebradas en 2011, Coalición Canaria percibió una jugosa bonificación en términos de escaños, dado que obtuvo un treinta y cinco por ciento más de los que le corresponderían con un sistema perfectamente proporcional. Creo, además, que se equivocan pasando por alto la cuestión de la reforma en profundidad del sistema electoral, pues en los últimos tiempos Coalición Canaria está articulando un discurso en el que trata de poner en valor la participación ciudadana y la regeneración democrática. Si de verdad quieren que este partido pueda presumir de tomar medidas favorecedoras de la participación y de la mejora de las instituciones, los expertos universitarios deberían haber aconsejado en su informe una reforma del sistema electoral que garantizase la igualdad en el valor del voto de los ciudadanos canarios.

¿Cómo valora que unos expertos universitarios guarden silencio sobre las deficiencias del sistema electoral canario?

Me parece tremendamente decepcionante. Creo que el papel que debe asumir la comunidad científica e investigadora es el de tratar de aportar soluciones a los problemas a los que se enfrenta la sociedad. Las élites intelectuales y académicas deben ser una fuente constante de ideas y propuestas que ayuden a poderes públicos y representantes políticos a mejorar las cosas. Pero también deben servir de contrapeso, es decir, su rol también debe ser el de denunciar las mentiras, manipulaciones y prácticas interesadas de la clase política. Algo falla si los que poseen el conocimiento en lugar de valorar las cosas desde la independencia, se alinean con los intereses de los que ostentan el poder.

«Existen argumentos sólidos para sostener la inconstitucionalidad del reparto de escaños en Canarias debido al aumento poblacional de Fuerteventura.»

Estos expertos sugieren en un informe reciente “modificar a la baja (ligeramente) las actuales barreras electorales,” aunque a renglón seguido señalan la necesidad de “mantener los actuales equilibrios entre islas”.

Con estos equilibrios se hace referencia a lo que se ha venido conociendo comúnmente como “triple paridad”: que las dos provincias canarias aporten el mismo número de diputados, 30 cada provincia; que Gran Canaria y Tenerife –islas capitalinas- también elijan el mismo número de representantes, 15 cada isla; y que las islas no capitalinas elijan el mismo número de diputados que las dos islas centrales. Pues bien, mientras que las dos primeras pueden resultar razonables porque el número de habitantes es similar entre las dos provincias y entre las dos islas capitalinas, la tercera de las paridades es profundamente injusta pues, como ya he señalado, Gran Canaria y Tenerife aglutinan aproximadamente el 83 por ciento de la población canaria.

¿Qué justifica que Canarias cuente con un sistema como este?

A principios de los años ochenta, durante la elaboración del Estatuto de Autonomía de Canarias, los diputados, senadores y, en general, las élites políticas de las islas periféricas, supeditaron el apoyo a la aprobación del mismo a cambio de una equiparación de estas islas respecto a las centrales. El argumento fue que esto permitiría un desarrollo de las infraestructuras y servicios públicos en estas islas, de modo que se pudiese dar una convergencia en el nivel de desarrollo socioeconómico de las islas.

Es un argumento que muchos canarios podían considerar razonable.

Y en aquel momento lo podía ser, lo mismo que poco menos que obligada su aceptación para lograr el consenso que presidió el inicio del proceso autonómico. No obstante, la motivación parece haber quedado ampliamente desfasada, dado el progreso que han experimentado las islas no capitalinas y el aceptable nivel de vertebración territorial.