El miércoles 14 de mayo saltaba la noticia. Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Bruselas daba el visto bueno a la política de incentivos fiscales al cine del Gobierno español. Paralelamente, este ministerio comunicaba que convertía los incentivos en indefinidos y los ampliaba: a partir de ahora, los productores podrán sumar a la cantidad que sirve que base para la deducción fiscal hasta el 40% de lo que inviertan en distribuir la película. La política de incentivos fiscales está siendo un extraordinario revulsivo para el rodaje de películas en Canarias en los últimos años por el diferencial de veinte puntos que las Islas mantienen sobre el resto de España por su Régimen Económico y Fiscal. Otras autonomías empiezan a establecer cambios en su normativa para recortar la ventaja canaria. Jaime Sanz, asociado de EY Abogados en las Islas desde 2013, es, junto al director de Canarias de la misma firma, Julio Méndez, uno de los mayores expertos en la materia. Ente ambos contestaron este cuestionario. La entrevista se publicó ayer lunes 19 de mayo en la edición de papel del periódico La Provincia en que colaboro.

La comunicación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del pasado miércoles incluye, por un lado, el visto bueno de Bruselas a la política española de incentivos fiscales al cine y, por otro lado, el anuncio de su carácter indefinido. ¿Qué es lo más relevante?

De acuerdo a la nota de prensa emitida, Bruselas ha procedido a analizar si este incentivo fiscal que reciben los productores vulnera la normativa comunitaria y la competencia entre Estados Miembros. Tras dicho análisis la Comisión Europea ha considerado que las recientes modificaciones de la deducción por inversión en largometrajes, series y documentales es compatible con la normativa comunitaria, es decir, con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con la comunicación de la Comisión de 15 de noviembre de 2013 donde se fijan las líneas básicas que todas las ayudas al sector audiovisual deben respetar en los Estados Miembros. La seguridad jurídica es una de las principales demandas del sector audiovisual, es un elemento fundamental para lograr nuevas fuentes de financiación privada y es particularmente importante en el campo de los incentivos fiscales. Así que, sin duda, es más relevante que la Comisión Europea haya considerado compatibles con la normativa comunitaria las recientes modificaciones de la deducción por inversión en obras audiovisuales.

¿Por qué es importante el carácter indefinido del incentivo?

Porque permitirá un desarrollo más sostenible y estable de la industria del cine. Favorecerá verdaderas inversiones a medio y largo plazo en el sector, así como el desembarco de estudios de producción más potentes que, a su vez, demandarán más empleo y de una forma más permanente. Hasta ahora, teniendo un incentivo que debía ser prorrogado anualmente, sólo se permitía que las producciones vinieran a rodar puntualmente. Y esto provocaba, a su vez, la importación de todo el equipo humano y técnico.

¿Qué explica la introducción en la base del incentivo fiscal del 40% en los gastos que hace el productor en la distribución del filme?

Los productores estimaban que el no reconocimiento de este importe les “costaba” entre un dos y un tres por ciento del incentivo generado a pesar de tratarse de una elemento esencial para el desarrollo comercial de la producción. Por otro lado, las legislaciones de países de nuestro entorno y de la propia Comisión Europea reconocen la vital importancia de la distribución en la industria audiovisual. Es decir, no solo producir, sino también explotar comercialmente la obra. Se considera de alto interés lograr atraer al público nacional a las películas de los propios países frente a la presencia del cine estadounidense.

¿Qué sabe de la voluntad expresada por Gobierno español y principales agentes para subir el porcentaje del 18% al 30%?

Lo que el sector demanda realmente es una estructura fiscal que facilite el aprovechamiento del incentivo por encima de aumentos del porcentaje de deducción.

En otras actividades se han venido reduciendo la mayoría de los incentivos fiscales en los últimos años. Sin embargo en el caso del cine se han reforzado.

Es evidente que hay interés por parte de todas las administraciones públicas en reconocer el sector audiovisual como un verdadero sector industrial, ya que, además, permite exportar nuestra marca internacionalmente.

¿Este asunto es competencia exclusiva de Hacienda y Administraciones Públicas?

La competencia normativa es básicamente estatal. Particularmente juega un papel destacado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En todo caso, también el Ministerio de Cultura es actor principal, puesto que algunos trámites necesarios para su generación dependen de él, como el de calificación y certificación de nacionalidad.

Hay quien desde el sector audiovisual local se queja de que el incentivo beneficia a las producciones de mayor presupuesto.

El incentivo fiscal, que no es el único retorno de las inversiones, se calcula sobre un porcentaje del presupuesto de la obra, con independencia de que este presupuesto sea muy alto o reducido.

¿Existe un cálculo sobre la cantidad de películas que se han beneficiado de la deducción por inversiones en España?

Atendiendo a los datos del Ministerio de Cultura es probable que el número se sitúe entre diez y veinte durante el ejercicio pasado. La mayoría de estas películas se rodaron, en parte, en Canarias.

¿Hay un cálculo sobre el impacto que esto supone en la economía de las Islas?

Es muy reciente para valorarlo, pero tanto las Administraciones como los empresarios están detectando que la recepción de rodajes en las Islas puede ser una actividad de verdad complementaria a nuestro principal motor económico. Generalmente, los rodajes tienen desembolsos muy importantes en un corto espacio de tiempo, consumiendo gran número de camas hoteleras, coches de alquiler o restauración. Además, las obras tienen un período de producción que suele realizarse entre los meses de marzo a octubre, por lo que coincide con los meses de temporada baja turística.

Canarias vive un edad de oro de rodajes gracias al incentivo, ¿a qué amenazas se enfrenta?

Muchos de los países de nuestro entorno mantienen un sistema de ayudas fiscales o directas para la realización de obras audiovisuales, como, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, pero también existen incentivos muy atractivos en Canadá, Puerto Rico o incluso Estados Unidos. Como tiene establecido la Comisión Europea, cada año los Estados Miembros aportan ayudas al sector estimadas en 3.000 millones de euros por lo que existe mucha competencia con otros territorios.

¿Pueden otras Autonomías establecer mecanismos similares que les acerquen a las condiciones de las Islas?

Efectivamente, empieza a existir también una competencia interna o autonómica para la atracción de rodajes. En este sentido, la normativa foral del País Vasco permite la aplicación de un 30% de deducción para las inversiones en obras audiovisuales. Para compensar lo atractivo de otros territorios parece necesario que la aplicación del incentivo fiscal en Canarias sirva para la creación de una industria audiovisual estable, que, por su calidad, permita compensar otros costes como el de la lejanía o insularidad.

¿La respuesta al incentivo está siendo positiva por parte de los empresarios?

Nuestra percepción es que el empresariado canario considera este incentivo como un mecanismo para fomentar el desarrollo industrial de Canarias y no puramente como un elemento más de su planificación fiscal. Adicionalmente, el retorno de estas inversiones como herramienta publicitaria al exterior les está resultando muy atractiva.

¿Qué perfil de empresarios pueden hacer uso de la norma?

El perfil habitual es una empresa con capacidad fiscal suficiente para acreditar y aplicar los incentivos tributarios generados por su inversión, en tanto son una parte de los beneficios de convertirse en productores cinematográficos. No obstante, resulta igualmente atractivo para empresas interesadas en colocar un determinado producto en mercados nacionales o internacionales, puesto que seguramente puedan exhibir su producto en el rodaje o en la promoción de la película. Adicionalmente, como consecuencia de todo esto, empieza a haber interés en empresas relacionadas con la maquinaria, construcción o arquitectos, que ven una oportunidad de negocio en la explotación vinculada al cine ya que se requieren nuevos platós dotados con los servicios y maquinaria que precisa un rodaje.

¿Cómo beneficia el incentivo a los empresarios?

Fundamentalmente los inversores perciben una rentabilidad económica por la distribución de la obra, una publicitaria (invitaciones a festivales, eventos publicitarios, etc.) y una deducción fiscal como consecuencia de su inversión.

¿Participan estos entonces en los hipotéticos beneficios económicos de la película?

Los empresarios se convierten en verdaderos productores de la película al integrarse en una AIE (Agrupación de Interés Económico), por lo que participarán tanto en los beneficios de la explotación de la película como en la parte más lúdica de la inversión: invitaciones a estrenos, festivales, etc. Igualmente, los inversores están comenzando a ver la oportunidad de invertir en la industria paralela a la producción, como son empresas de animación, distribución, iluminación o sonido.

¿A qué riesgos se enfrentan estos empresarios?

Es necesario respetar tanto el fondo como la forma de la inversión por los productores e inversores. Caso de que no sea así, la Administración puede regularizar los incentivos fiscales aprovechados por lo que es importante acatar la finalidad y literalidad de los beneficios tributarios.

¿Existe alguna razón para que solo se hayan beneficiado largometrajes y no se haya extendido a las series de televisión, como también se contempla?

La generación de los incentivos se produce en el momento en el que se termina la película y la misma puede ser explotada. Los plazos de producción en los largometrajes son más cortos que los existentes para series de televisión o, incluso, para películas de animación. Esto implica que los productores tardan menos tiempo en recibir el retorno de sus inversiones en el caso de películas que en el caso de las series. Sin embargo, muchos de los países que han aprobado recientemente incentivos públicos al audiovisual han previsto específicamente una estructura para que las series también se puedan beneficiar de estas ayudas. Por este motivo, por ejemplo, se rueda en Irlanda “Juego de Tronos”.

Otros mecanismos como la Zona Especial Canarias y la Reserva de Inversiones de Canarias, tienen también en cuenta la inversión en el sector audiovisual, aunque sin el mismo efecto que los incentivos sobre el sector. ¿Son compatibles con ellos?

En principio resulta incompatible la aplicación de varios incentivos sobre una misma inversión. Sería muy interesante que el nuevo REF recoja nuevas medidas que se adapten a las necesidades de un sector tan específico como es el audiovisual. Por otro lado, en tanto se genere una actividad industrial más estable, la ZEC puede ser un régimen muy interesante para estas nuevas empresas que se localicen en Canarias.

Hay quien critica, en el sector local canario, que las condiciones que se imponen para poder aplicar el incentivo son poco exigentes. Me refiero, concretamente, al mínimo de dos semanas de rodaje o la contratación de un solo técnico o actor local.

Son cuestiones que exceden el ámbito jurídico. Y que en este caso dependen de la normativa de certificado canario, que sí es canaria y no estatal. En cualquier caso, parece deseable que el incentivo se utilice de la forma más sostenible posible, vinculando directamente su utilización con medidas que permitan el desarrollo industrial del sector, promoviendo tanto las escuelas de cine como un importante número de puestos de trabajo.

¿Piensa que la capacidad de Canarias para atraer rodajes puede incrementarse en el futuro?

Desde nuestro punto de vista, Canarias cuenta con todos los elementos necesarios para ser lugar de rodaje de numerosas producciones audiovisuales. Despejando cualquier inseguridad jurídica es posible que se convierta en un destino cinematográfico de primer nivel.